Apuntes sobre la elección del 5 de junio

El lugar común de las columnas políticas sobre las elecciones del pasado 5 de junio es atribuir la “derrota” electoral de los gobernadores priístas a la corrupción en sus estados; y por supuesto, la “victoria” panista a la capitalización del voto anti-PRI-corrupción. En este ejercicio nos concentráramos en cuestionar los matices de esos resultados. No soslayamos el mensaje impulsado en las urnas, un profundo descontento con el estado general del país; no es menor que más de un millón de electores hayan decidido no ejercer su derecho a sufragar, si se compara con los procesos electorales previos; pero, es difícil establecer con parámetros mesurables el peso de la percepción sobre la corrupción y de otros factores como la desigualdad, violencia, discriminación e inseguridad sobre las preferencias de la ciudadanía. Por ello, no interpretamos las causas sino cuestionamos a los resultados electorales.

Sobre la contundencia de la derrota del PRI podemos apuntar: En términos absolutos, el PRI perdió votos en todas las elecciones a gobernador, aún en los estados donde ganó la gubernatura. Son Veracruz, Puebla y Chihuahua los casos más pronunciados. Entre estos tres estados el PRI, en comparación con la elección anterior (2010), perdió 1,264,429 votos. Entre los doce estados donde la gubernatura estuvo en juego, perdió un total de 2,090,381 votos. En términos relativos en cinco estados se ratifica una tendencia negativa del Revolucionario Institucional en las tres últimas elecciones de Gobernador. Es Sinaloa el único estado en el que se observa un crecimiento importante del porcentaje de votación obtenida por el PRI pero también es el estado que presentó el mayor índice de abstención, en comparación con la elección anterior 463,304 menos sufragaron por este partido. El análisis reitera una caída importante de electores del PRI.

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Al PAN se le atribuye ser el gran ganador. Siete gubernaturas avalan esta posición, pero tendríamos que matizar; el PAN en el conjunto de elecciones a gobernador perdió 1,356,853 votos, en relación a las elecciones de 2010. La caída en la votación menor que la PRI le valió las gubernaturas, desde la óptica del resultado. Puebla y Veracruz los estados donde a pesar de una reducción considerable de los votos, el PAN ganó la gubernatura. Estos datos atestiguan la hipótesis del voto anti-PRI pero también muestran que el descontento con los partidos políticos es generalizado. El PAN cayó en las preferencias, simplemente lo hizo menos que sus competidores en elecciones con mayores índices de abstencionismo que las anteriores, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas son la excepción. La estrategia de coaligarse con otros partidos, se presume, rindió frutos; sin embargo, en los estados donde el PAN ha recurrido a coaliciones la caída fue mayor que en el conjunto de elección, 1,502,807 votos, incluidas las victorias. En parte debido a que la estrategia de coaligarse, en algunos casos, responde al análisis de una menor solidez electoral; y al éxito electoral mayor en estados en los que compitió sin coalición, en ellos obtuvo 145,945 votos más que en el proceso electoral previo. Esto no quiere decir que coaligarse sea una mala decisión para Acción Nacional, los estados que ganó en formula con el PRD representan sólo 667,248 votos menos para los candidatos de la coalición. Tamaulipas, Quintana Roo y en menor medida Chihuahua son los estados más exitosos porcentualmente para el PAN, mientras que Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa las mayores caídas porcentuales en la preferencia electoral. En términos generales podemos afirmar que para Acción Nacional las elecciones de gobernador en los doce estados que compitieron el 5 de junio representan un éxito en el mantenimiento de su base electoral, que combinado con la caída del PRI explican las victorias. Los datos no permiten en ningún caso afirmar un crecimiento en la preferencia electoral del PAN como algunos han supuesto.

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Por otra parte, es unánime la posición que afirma que el PRD es el gran derrotado de la elección. La pérdida de 2,289,742 votos de una elección a otra para un partido con escaza presencia en los estados del norte así lo reiteran. Sin embargo, Puebla, Oaxaca e Hidalgo significan más de la mitad de la caída, 1,621,154 votos, y en estos estados las candidaturas han sido en coalición con el PAN en alguna de las elecciones. Al analizar los resultados del PRD únicamente en procesos que se presentan sin coalición sus resultados no son desfavorables, 152,113 votos extras a los procesos de 2010. Con los porcentajes de votación podemos deducir que en el caso del PRD estamos frente a un estancamiento en estados en los que no tiene presencia importante entre el electorado, y por tanto, dar por válida la posición que asume un debilitamiento de este partido como opción electoral.

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Por último, Morena es el caso de mayor complejidad en el análisis porque carece de antecedente. A pesar de lo problemático de la comparación podemos presentar a Morena como una continuidad de los proyectos de izquierda, empleando como antecedente la suma de votos de los partidos que se presentan como izquierda incluidos el PRD, de esta manera, los resultados de Morena son de un crecimiento minúsculo. En el conjunto de la elección habría obtenido 607,628 más que los partidos de izquierda en las elecciones anteriores. Puebla, Oaxaca y Veracruz los lugares de mayor crecimiento. En cambio, sí consideramos a Morena como una alternativa al PRD y se le compara con los partidos de izquierda que no se coalicionaron con el de la Revolución Democrática, su crecimiento es pronunciado, 1,350,076 votos. Los datos colocan a Morena no sólo como la tercera alternativa política del país sino como la primera de izquierda.

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En conclusión, las elecciones a gobernador en doce estados del pasado 5 de junio nos dejan como tendencias la caída del PRI, el mantenimiento del PAN como alternativa de gobierno, el estancamiento del PRD y un crecimiento incipiente de MORENA.

¿Qué es la iniciativa de Ley3de3?

En Gobiérnate, te explicamos los pormenores de la #Ley3de3, estamos a la espera de que el Senado instaure el periodo extraordinario para su dictamen.

Puedes consultar la iniciativa completa en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=ba&mn=1&sm=1

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Las candidaturas independientes, ¿una alternativa en el legislativo?

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Los candidatos independientes fueron propuestos y son defendidos como una alternativa viable al monopolio de los partidos políticos para nominar aspirantes a los cargos de elección popular, de modo que el electorado tenga más y mejores opciones para elegir. Las candidaturas independientes parten del reclamo ciudadano frontal a la “clase política” que cada vez actúa más en términos oligárquicos y facciosos que mediante lógicas democráticas. Los principales problemas que combaten son la escasa circulación y renovación de elementos del sistema político; la pobre innovación de proyectos y prácticas de gobierno; y la concentración de la agenda pública en los temas que atañen a la élite política. Con las candidaturas independientes se busca, además, ampliar los mecanismos de participación “ciudadana”, dar cabida en las instituciones del estado a posiciones minoritarias, acercar a representantes y representados, y mejorar las decisiones públicas, toda vez sean puestas en manos de ciudadanos más capaces.

El mérito de las candidaturas independientes radica en la posible apertura del sistema político más allá de la tutela de los partidos. Con los candidatos independientes se espera que las instituciones fortalezcan prácticas participativas e incluyentes. Sus principales desventajas se asocian a la debilidad de los candidatos independientes para ser infiltrados, patrocinados o conducidos por grupos de presión o del crimen organizado. Sin la organización adecuada y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas pertinentes, los candidatos independientes corren el peligro de repetir los mismos esquemas clientelares, las complicidades y vicios de los partidos políticos.

Para la elección de diputados federales en 2015 se registraron ante el Instituto Nacional Electoral 122 aspirantes de los cuales 57 fueron avalados, 5 de ellos mediante sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los aspirantes tienen un plazo del 30 de diciembre de 2014 al 27 de febrero de 2015 para recabar el número de firmas según corresponda con su distrito electoral y constituir el modelo de asociación civil que soportará sus campañas.

Los análisis sobre las candidaturas independientes se concentran en las dificultades de los requisitos para quienes aspiran a esta forma de participación, en su financiamiento y control, y en el perfil de los aspirantes. Vale la pena cuestionar si esta alternativa ciudadana funcionará fuera del momento electoral. Si será posible que los candidatos independientes que llegasen a ganar un cargo público cumplan sus promesas de campaña y con su actuar democraticen el sistema político. Ya nos han alertado sobre lo complicado que es competir contra los partidos políticos con mucho menos recursos y en el marco de las reglas que ellos mismos se han dado, sin embargo, para un legislador independiente la compleja tarea de ganar su curul sin partido político es la parte menos ardua de su tarea.

Armados únicamente con su capacidad para presentar iniciativas y en posición de minoría, los independientes deben someterse al imperio de los partidos políticos en el pleno de las cámaras. El Congreso de la Unión, tanto Diputados como Senadores, está organizado entorno a los grupos parlamentarios, esto es, sobre los partidos políticos en el parlamento. La Mesa Directiva que conduce las sesiones del pleno se elige a propuesta de los grupos parlamentarios. La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política compuesta por el líder de cada grupo parlamentario, integran la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Estos dos órganos tienen el control completo de los trabajos de la legislatura, desde el uso de la tribuna hasta la agenda legislativa. Los órganos de control de las cámaras excluyen de facto a los legisladores independientes reduciéndolos a espectadores de las sesiones.

En las comisiones legislativas su suerte no es mejor. Las comisiones reproducen la composición de la cámara, y sus miembros y órganos directivos, tanto la presidencia como las secretarias, son propuestos y elegidos por los grupos parlamentarios. Las comisiones más que espacios de deliberación, donde los independientes podrían realizar su labor, son filtros de control de los partidos políticos quienes determinan a sus integrantes y controlan sus agendas.

La centralidad de la organización de las cámaras entorno a los partidos políticos a través de los grupos parlamentarios y sus coordinadores es tal, que incluso tienen poder de decisión sobre recursos financieros y materiales del Congreso pues las Secretarias General de Servicios Parlamentarios y General de Servicios Administrativos son dirigidos por la Mesa Directiva. Los grupos parlamentarios tienen injerencia directa hasta en el servicio civil de carrera de ambas cámaras. Completamente desprovistos de facultades fuera del grupo parlamentario, los legisladores independientes carecen de poder de decisión mayor al que alguna afortunada coyuntura les dote al momento de una votación cerrada en la que su voto sea definitorio.

Las candidaturas independientes son una alternativa, sin duda, pero una muy débil y hasta estéril si no se democratizan las prácticas de gobierno y del legislativo. Los problemas de fondo del sistema político mexicano no pasan primordialmente por lo electoral sino por la opacidad del régimen. Sin procesos deliberativos, transparencia y rendición de cuentas las propuestas participativas e incluyentes pueden bien ser entrampadas por los partidos políticos. La introducción de las candidaturas en la elección del 2015 debe ser un paso inicial para abrir a los ciudadanos más que el proceso electoral al complejo entero del sistema político.

Eduardo Rodríguez Parra

Gobiérnate AC

La política de Televisión Digital Terrestre en tiempos electorales

Este año es el límite para que el Gobierno Federal concluya la implementación del programa de Televisión Digital Terrestre (TDT), mismo que comúnmente se conoce como “apagón analógico”. Este programa no es un invento del Estado mexicano, responde a una tendencia mundial que ya se ha completado en diversos países europeos y es impulsada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el objetivo de contar con una banda de frecuencias (700MHz) unificada a nivel mundial para la prestación de servicios de telecomunicaciones de última generación. En México, el proceso inició formalmente en 2004 y, al día de hoy, solo se ha llevado a cabo en las ciudades de Tijuana, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

La transición de señales analógicas a digitales implica cambios importantes en la manera de ver la televisión abierta: mejor imagen y sonido; posibilidad para seleccionar audios y subtítulos alternativos; capacidad para contar con canales adicionales o canales con programación retrasada (multiplexeo), guías electrónicas de programación y; recepción en dispositivos móviles que cuenten con ciertas características técnicas.

Estos beneficios vienen acompañados de un tema sensible para la población: el cambio de aparatos televisores por aquellos que tengan la capacidad de captar señales digitales o la adquisición de un decodificador que transformará la señal para continuar utilizando las televisiones analógicas. En la mayoría de los países donde se ha llevado a cabo el apagón, se han otorgado apoyos a las personas que no pueden comprar un decodificador o una nueva televisión.

Como parte del programa de TDT, en el año 2012 la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones gastó $330,000,000.00 de pesos para el reparto de decodificadores a 192 mil 60 hogares que no contaran con una televisión digital o con servicio de televisión de paga. Para la segunda fase (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros) la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) gastó 19 mil millones de pesos para adquirir 120 mil televisores de 24 pulgadas que fueron entregados a personas de bajos recursos, inscritos en alguno de los programas que coordina la Secretaría de Desarrollo Social.

No obstante las cifras, solo una pequeña cantidad de la población podrá acceder a ese beneficio; el resto de nosotros tendremos que pagar un costo extra para poder ver “más bonita” la televisión. Aún falta repartir, según la propia SCT, 11 millones de televisiones para cumplir con la meta y poder bajar el switch en diciembre de 2015; al día de hoy no se ha publicado la licitación correspondiente por falta recursos económicos.

En su sesión del día 28 de enero de 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar la leyenda “Mover a México” de la caja de los televisores que está regalando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque se refiere al eslogan del gobierno federal y ello podría inducir el voto de la población hacia el Partido Revolucionario Institucional; además, determinó que ninguno de los empleados que participan en el programa pueden utilizar la referida leyenda. Los quejosos, representantes de los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y el PAN, quedaron insatisfechos, pues el reclamo iba en el sentido de detener la campaña, por lo menos, hasta terminados los comicios.  Es de resaltar que en la primera fase del apagón, el Pleno de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones decidió posponer la entrega de televisores y la fecha para bajar la señal analógica, hasta pasados los comicios locales. De acuerdo con los argumentos del INE, la autoridad que puede determinar la suspensión del programa es el Tribunal Federal Electoral.

A lo anterior es necesario sumar el hecho de que, al darse el beneficio de una nueva televisión a personas con escasos recursos, ya se han encontrado casos de reventa de las pantallas por $500 pesos; ello es, quizá una reacción por la falta de información, pues no se les explica claramente a los beneficiados que, una vez que se dé el apagón, se quedarán sin señal de televisión, servicio que se ha vuelto indispensable en los hogares.

Las políticas públicas deben ir más allá de los calendarios electorales, sin embargo, éstas deben dar atención a las prioridades y necesidades más importantes de la población;  en el momento de la vida nacional en que nos encontramos, dudo que tener una televisión que se vea más bonita sea suficiente para justificar el gasto y la movilización que ese cambio conlleva. No obstante, en este marco de confusión entre datos técnicos, escasez de información sobre las implicaciones del programa de TDT, falta de un calendario de implementación y el bombardeo de las campañas políticas, la entrega de aparatos receptores de la señal digital sí puede convertirse en una medida de presión para condicionar el voto y desviar la atención de lo importante: la elección consciente de nuestros gobernantes.

Así, resulta imprescindible que las autoridades facultadas se pronuncien de clara y rápidamente sobre el rumbo de la TDT, es decir, que se defina un calendario nacional para el apagón y que se determinen los lineamientos para la entrega de cualquier tipo de subsidio, tomando en cuenta los comicios federales y locales.

Notas técnicas

Actualmente las señales de televisión viajan por la banda de 700MHz, la idea de realizar el apagón analógico es liberarla para que pueda ser utilizada en la prestación de otros servicios de telecomunicaciones. Esta banda tiene como características contar con una buena cobertura y traspasar las paredes, haciendo más factible el ofrecimiento de servicios de banda ancha. Además tiene los siguientes beneficios: admite una mayor flexibilidad de explotación permitiendo la entrada de nuevos competidores; incrementa el flujo de datos; elimina el riesgo de interferencia y logra la distribución de mayor cantidad de espectro por operador para el uso comercial.

El cambio de banda también implica una inversión importante para los actuales concesionarios de televisión abierta, pues tendrán que cambiar su tecnología para transformar la señal, así como buscar algunas otras opciones de programación.  Quienes no cumplan con ello perderán la concesión.

Lo que no se dice en el discurso es que, además de representar un gasto adicional para los televidentes y las televisoras, la liberación de la banda implica que se puedan concesionar otros servicios de telecomunicaciones  a  empresas extranjeras para el ofrecimiento de servicios de nueva generación que, además de tener mejor calidad también pueden representar mayor gasto para los usuarios finales pues, además de encarecer algunos servicios, los aparatos recetores deberán ser digítales, incluidos los celulares. Después de todo esto, queda una pregunta por resolver ¿quiénes son los verdaderos beneficiados del apagón?

Patricia Delucio

Coordinadora de Rendición de Cuentas, Transparencia

y Protección de Datos Personales.

Gobiérnate AC

TRANSPARENCIA VS. SECRECÍA EN EL IFETEL

A propósito de las discusiones sobre publicitar o no las sesiones del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y aportar al análisis, es importante remitirnos a la obligación inscrita en la fracción VI del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la Reforma en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Dicha fracción establece:

“VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;”

Aunado a lo anterior, la recién expedida Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 47 que “las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada.”

A la luz de lo anterior, es importante mencionar que la tendencia mundial en materia de Gobiernos Abiertos y Transparencia, rasgo de la sociedades democráticas,  es que los organismos gubernamentales permitan a cualquier  persona interesada tener acceso, e incluso participar, en la deliberación de los asuntos que afectarán la vida de los ciudadanos. Ello es fundamental para los organismos que tiene autonomía de decisión,  gestión, operativa y de organización, especialmente porque son creados para dar cuentas y resultados efectivos a la sociedad, y suponen una cierta ruptura con los mecanismos tradicionales burocráticos.

En el sector de las telecomunicaciones, la tendencia internacional es abrir canales y flujos de información, porque sus servicios son insumos esenciales para la población. Además, porque las decisiones y los procesos deliberativos de los órganos reguladores, involucran bienes considerados del dominio de la nación y deben obedecer y fundarse en el interés público. No obstante, la legislación también obliga a salvaguardar los datos considerados confidenciales (financieros, económicos, estrategias de negocios, capacidad instalada, etc.), reservados (procesos deliberativos, seguridad nacional, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, etc.) y los expedientes de investigación, como pueden ser los que traten temas de competencia económica.

A nivel internacional los órganos colegiados tienen como práctica procesos deliberativos públicos, aun cuando involucran asuntos que tienen que ver con diversos agentes económicos, porque es importante conocer que sus integrantes expresen sus argumentos y difundan el nivel de debate propio de todo órgano colegiado.  Un ejemplo en materia de publicidad de las sesiones de los órganos reguladores de telecomunicaciones es la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC por sus siglas en inglés), cuyas sesiones son, por regla general, abiertas al público, y sólo en casos excepcionales pueden ser de carácter privado.

Para el caso mexicano, órganos colegiados nacionales con autonomía plena y constitucional, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han instrumentado mecanismos que permiten mantener la información reservada, sin impedir que sus sesiones sean públicas y transmitidas en vivo, a través de Internet y con la presencia de periodistas y personas interesadas. Algunos organismos realizan transmisiones simultáneas en audio y video y a través de sus páginas de Internet,  televisión y youtube.

Además, ponen a disposición del público información de interés como el orden del día de las siguientes sesiones, las resoluciones, videotecas, podcast, etc. Actualmente el IFT también publica esa información, con la salvedad de que no se puede conocer la información de inmediato, ya que tiene que pasar un tiempo para que se revise y se realice la “versión pública” de la sesión.

Las excepciones para hacer públicos los asuntos, de acuerdo con la legislación, son aquellos que tengan que ver con:

a.- Información confidencial, enmarcada en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene que ver con datos de identificación de personas físicas o que puedan otorgar una ventaja competitiva entre personas morales, tales como estados financieros, infraestructura, programas de negocios, etc.

b.- Información reservada, establecida en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene que ver con aspectos que puedan afectar la seguridad nacional y estabilidad financiera; específicamente para los temas tratados por el IFT, la información reservada versa sobre procesos deliberativos de lo que no se haya tomado una decisión definitiva, casos en que se puedan dañar las relaciones internacionales y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Estos temas pueden ser tratados en sesiones privadas o pre-Plenos. No obstante, una vez resueltos, deben ser de carácter público. Para el caso de los datos confidenciales, estos nunca pueden ser revelados, pero sí puede otorgarse una versión pública de la documentación, donde los mismos sean suprimidos.

Tanto la SCJN, el INE y el IFAI tratan temas muy específicos y hasta cierto punto sensibles, sin embargo, todos cumplen con el principio de máxima publicidad al permitir que la ciudadanía pueda conocer la discusión de los asuntos, sin que se “filtre” información confidencial o reservada. Parecería que el tema no está a discusión; sin embargo, el IFT continúa sin ver las ventajas de publicitar sus sesiones en vivo:

1.- Ofrece certeza a los concesionarios y permisionarios sobre las determinaciones y argumentos del órgano regulador sobre la normatividad y disposiciones que les son aplicables.

2.- Permite conocer el desempeño, conocimiento, inclinaciones y argumentación de cada uno de los integrantes del Pleno.

3.- Da garantías de que las sesiones del Pleno sean, en la mayoría de los casos, resolutivas.

4.- Se presenta como una institución que da la cara a la sociedad y hace patente el trabajo institucional que se realiza día a día por las áreas.

5.- Da cumplimiento amplio al principio de máxima publicidad de la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incrementa los niveles de credibilidad ciudadana.

Por lo anterior, es importante hacer la distinción de que no es lo mismo poner información a disposición del público que hacer públicas las sesiones, pues la segunda da mayor certeza y cuenta de las acciones de este sector tan especializado y hermético; desde este punto de vista, la discusión no debería ser mayor pues la respuesta parece clara: la transparencia siempre debe ganar a la secrecía.