La ausencia deliberativa en el proceso de elaboración de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, energética y político-electoral

El próximo 30 de abril culminará el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXII Legislatura del Congreso Mexicano; por lo tanto, restan tres semanas de trabajo efectivo para aprobar las trascendentales leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, energética y político-electoral. Asimismo, existen otros temas pendientes como la integración del nuevo órgano de transparencia y acceso a la información, la reglamentación de la ley de competencia económica, la pensión universal y el seguro de desempleo (aprobadas por la Cámara de Diputados); así como la Reforma Política del Distrito Federal.
Sin lugar a dudas, el Congreso mexicano tiene una amplia cantidad de asuntos pendientes y poco tiempo para procesarlos, por lo que existe el riesgo de continuar aprobando leyes sin deliberaciones ni análisis suficientes. Hace unas semanas alertamos sobre la premura y  escasa discusión con la que se llevó acabo en el proceso legislativo para la aprobación de las reformas estructurales, especialmente la educativa y la energética. Como la aprobación de la legislación secundaria reglamentará la aplicación de estas reformas, es necesario un amplio proceso deliberativo, representativo y transparente.
De las tres reglamentaciones pendientes, la de la reforma energética es la más preocupante, no únicamente porque el 19 de abril es la fecha límite para su aprobación, según los artículos transitorios de la reforma constitucional, sino porque al día de hoy no han sido enviadas las 26 iniciativas que conformarán las leyes secundarias  y que reglamentarán los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de hidrocarburos; la ley orgánica de Pemex; la nueva ley orgánica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y la ley de los órganos reguladores. Es importante recordar que el proceso de aprobación de esta reforma constitucional se realizó bajo un proceso altamente cuestionado por la ausencia de discusión profunda en un tema tan importante. Se aprobó en un lapso de tres días, sin previo análisis de las comisiones de la Cámara revisora (Diputados).

La reglamentación de la reforma política-electoral tiene que ser aprobada antes del 30 de abril. Hasta el día de hoy los tres principales partidos han presentado sus iniciativas  y actualmente se encuentra en discusión en las comisiones del Senado. Los principales temas a discutir son: la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de comicios locales; las causales de nulidad de una elección; las nuevas reglas para la constitución y registro de partidos políticos; el nuevo modelo de fiscalización; y la regulación de la publicidad gubernamental. Cabe señalar que la iniciativa del PRI fue presentada apenas el pasado 26 de marzo. El 3 de abril  las comisiones unidas de Reforma del Estado, Gobernación, Estudios Legislativos, Justicia, así como de Reglamentos y Prácticas Reglamentarias elaboraron el calendario de dictaminación en el que se propusieron como fecha el próximo 11 de abril para concluir el dictamen. Es decir, en sus propias palabras les tomará 8 días la elaboración de estos dictámenes.
El proceso deliberativo de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones ha sido el más amplio de las tres, pues aunque el Ejecutivo Federal envió la iniciativa el pasado 24 de marzo, las comisiones dictaminadoras del Senado ( Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes y  Radio, Televisión y Cinematografía, ) han organizado foros con los distintos sectores afectados y se ha desarrollado un debate público con grupos  sociales, políticos y académicos. Sin embargo, a pesar de esta situación, el tiempo dedicado al análisis de esta legislación también ha sido limitado en comparación con su trascendencia para el país.

La complejidad del proceso parlamentario en un contexto democrático radica en que la pluralidad de intereses, muchas veces contradictorios entre sí, tiene que se atendida bajo procedimientos que incorporen la transparencia, deliberación y participación ciudadana como elementos sustantivos. Lamentablemente, aunque se ha avanzado muchos en estos aspectos, nuestro Congreso sigue aprobando leyes sin análisis profundos y con poco debate público. Un claro ejemplo de ello es la forma en que se está construyendo la legislación secundaria de temas tan significativos para el país, pues a menos de un mes de que concluya oficialmente el periodo de sesiones, con todo y vacaciones de semana santa, se pretenden aprobar cuando prácticamente apenas ha empezado su discusión (telecomunicaciones y política). Además, es importante tener presente que nuestro Congreso es bicamaral, por lo que estos asuntos tienen que ser tratados de igual forma por los Diputados y los Senadores.
Una vez más nuestras instituciones legislativas federales están a punto de aprobar normas importantes para el país, con procedimientos democráticos limitados y con resultados de baja calidad.