Los retos del Gobierno Abierto

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En años recientes ha cobrado notoriedad la propuesta de gobierno abierto como una alternativa para acercar a los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones públicas. Para esta propuesta democrática la transparencia del gobierno, en la medida que provee de información completa y oportuna al ciudadano, mejora y promueve la rendición de cuentas de los actores gubernamentales; la participación ciudadana garantiza mejores políticas públicas, más legítimas y eficaces, pues facilita la incorporación de posiciones plurales además de la responsabilidad de los actores; y la mayor colaboración entre gobierno y ciudadanía revitaliza y profundiza la democracia.

El ejemplo más visible de esta propuesta es la Alianza para el Gobierno Abierto formada en 2011 y de la que participa organizaciones y agencias gubernamentales mexicanas. La alianza se propuso como objetivos centrales la mejora de servicios públicos, el aumento de la ética de los servidores públicos, el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, la mejora de la seguridad y la rendición de cuentas en el ámbito empresarial. Mediante información abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso se plantea incrementar la transparencia; al involucrar a la ciudadanía mediante el debate público se propone abrir espacios de mayor participación; al dar cumplimiento a la normatividad, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas apoyar la responsabilidad pública; y gracias a la promoción del acceso a las tecnologías de la información aumentar la capacidad de control de los ciudadanos.

Puede verse que la idea central es dotar al ciudadano de una capacidad vigilante que controle mediante la información la acción de gobierno. La información es la clave; tanto su calidad como facilidad de acceso son condiciones necesarias. Las diversas propuestas de gobierno abierto se apoyan en las posibilidades que para sus fines plantean las tecnologías de la información, particularmente las relativas a internet como las redes sociales y distintas plataformas web, buscadores, bases de datos, etc.

Si bien el gobierno abierto es una alternativa viable para democratizar la democracia tiene todavía algunas debilidades. La más clara tiene que ver con el acceso a la tecnología. Para hacer posible esta propuesta sería necesario en primera instancia atender el problema de la brecha digital. No se trata simplemente de garantizar el acceso a internet sino de generar las capacidades de manejo, análisis y producción de información en los ciudadanos. En tal sentido su primer limitante es de naturaleza tanto material (el acceso) como de capital cultural (el empleo de las herramientas). En el fondo el gobierno abierto como práctica parece obviar la disparidad de contextos nacionales y la importancia de la pobreza, marginación y exclusión social en cada realidad. Lo que está ausente es una tematización seria sobre el principal problema de las sociedades democráticas modernas: la desigualdad.

Una segunda línea de debilidad de la propuesta es la noción de ciudadanía desde la que se plantea. La propuesta funciona con un ciudadano imaginario que permanentemente se informa e involucra en los asuntos públicos sin considerar que el ejercicio de la ciudadanía es heterogéneo. A la organización se le ve con buenos ojos, es parte de los presupuestos pero, al no considerar la desigualdad, tampoco profundiza sobre como los medios con los que cuentan las organizaciones crean ciudadanías diferenciadas, de calidades y capacidades distintas, ciudadanos de primera y de segunda, sino que hasta de tercera. Acceso a la información y rendición de cuentas se plantean como objetivos en sí mismos sin considerar su relación con el sistema electoral y de partidos, no se observa a la toma de decisiones como un proceso entre ciudadanos con intereses y medios diversos. El problema es que no basta con estar adecuadamente informados sino de contar con los canales correctos para ejercer derechos concretos, entre ellos el control sobre el gobierno, desde distintas formas de ciudadanía.

La tercera debilidad del proyecto de gobierno abierto es que despolitiza al gobierno. El acento en la información como insumo para la participación parece apuntar hacia una cierta imagen deliberativa de la toma de decisiones. Nuevamente los supuestos: mejor información garantiza mejores decisiones, mayor pluralidad de voces apunta a más inclusión y la colaboración entre gobierno y ciudadanía hace al primero más eficaz y eficiente en la atención de los asuntos públicos; pero ninguno de ellos se plantea desde la más cruda realidad: la política trata sobre el poder, de la competencia por la hegemonía. La información es una herramienta en la competencia de demandas políticas con intereses en posición antagónica. La mejor atención de los asuntos públicos es un eufemismo de la reproducción del estatus quo sino se piensa como respuesta a conflictos concretos que no tienen una respuesta técnica antes que política.

El gobierno abierto es una interesante propuesta que proporciona un conjunto de instrumentos que mejoran el ejercicio de la ciudadanía. Una herramienta importante para mejorar el acceso a la información. Habrá que complementarla con una visión más amplia de los procesos de toma de decisiones públicas entendidos como procesos políticos y recuperar el papel de la organización, de los agentes representativos, de los grupos de interés y la importancia del contexto social, el conflicto y la búsqueda de justicia para fortalecerle.

 

Eduardo Rodríguez Parra, miembro de Gobiérnate AC

La ambiciosa reforma en materia de telecomunicaciones

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El pasado 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya premisa principal fue la creación de un organismo con autonomía constitucional, encargado de regular el sector de telecomunicaciones y radiodifusión tanto en la materia técnica como en la de competencia económica. Ello, partiendo de la necesidad de contar con un ente regulador independiente pues la hasta entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones estaba supeditada a las decisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de acuerdo con el texto reformado, tiene las facultades de regular las tarifas de interconexión; otorgar y verificar del cumplimiento de concesiones y permisos para la prestación de servicios; llevar a cabo los programas de cobertura e inclusión social; coordinar las actividades relacionadas con la política de televisión digital terrestre; determinar de las reglas del must carry y must offer (relación televisión abierta-televisión restringida);  licitar nuevas cadenas nacionales de televisión abierta; determinar a los agentes preponederantes y las reglas de competencia económica; verificar que no exista publicidad engañosa en medios de comunicación; llevar a cabo el programa de banda ancha pública y; velar por los derechos de los usuarios-consumidores y audiencias. Además, se crearon Tribunales especializados en la materia, mismos que no pueden otorgar suspensión para la resolución de las controversias. Todos estos y el resto de los puntos que toca la modificación Constitucional, no pueden más que aplaudirse pues son temas que han quedado rezagados históricamente en nuestro país.

El gran revuelo y discusión que ha causado la falta de aprobación de la Ley Secundaria de la materia radica en que el actual IFT se encuentra “atado” para llevar a cabo o expedir diversas modificaciones tanto en la normatividad como en su propio funcionamiento interno. Existen 4 iniciativas de las que surgirá  el texto final: la del Ejecutivo Federal, la del Senador Lozano Alarcon, la del grupo parlamentario del PRD y la de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Cada una merecería un análisis puntual y extenso; sin embargo, a grandes rasgos, se puede decir que las dos primeras son las que se leen “tímidas” en sus determinaciones, pues restan muchas facultades al IFT o las otorga en conjunto con alguna otra institución del Ejecutivo Federal; la tercera respeta un poco más el sentido y la literalidad de la Reforma Constitucional y; la propuesta AMEDI es mucho más robusta y ambiciosa.

Al ser las telecomunicaciones y radiodifusión materias altamente técnicas y especializadas, es importante que la Ley Secundaria que las regulará sea vista por especialistas, tanto de instituciones públicas como de empresas privadas, pues la ciudadanía en general sabe muy poco de las especificaciones, alcances e impacto de cada uno de los puntos. En ese sentido, es de resaltar que, de acuerdo con la información disponible en su micrositio de Internet, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, tuvo un solo punto de acuerdo para la revisión del tema con los Comisionados del IFT, el día 3 de abril de 2014; podría existir la posibilidad de que se hayan tenido más acercamientos con especialistas, sin embargo, dentro de la información que se presenta en la página de Internet no se puede inferir que hayan tenido algún otro contacto para el análisis de los temas.

Lo que sí sabemos los pobladores es que requerimos mejores servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, telefonía fija, televisión por cable y satelital, radiocomunicación, servicios satelitales; Internet) y radiodifusión (televisión y radio abiertas), con precios competitivos, al alcance de todos y con estándares de calidad que, efectivamente, permitan a nuestro país incluirse de lleno en la era digital. Así, uno de los temas donde se han quedado cortas todas las iniciativas es, precisamente, la protección al usuario. En todas ellas se privilegia la doble ventanilla pues, por un lado, se otorgan atribuciones de regulación al IFT y, en otro sentido, la facultad para conciliar y dirimir controversias sigue estando a cago de la Procuraduría Federal del Consumidor; ello, sin duda, es un retroceso en la materia.

Si el IFT pudiera sancionar y regular el actuar de los prestadores de servicios, sería una institución integral que, por un lado, otorga las concesiones y verifica su cumplimiento técnico y que, por el otro, pueda emitir recomendaciones y sanciones por el otorgamiento de un mal servicio a un solo usuario.

En esta gama de posturas, fuera del tiempo establecido por el propio Congreso, se está discutiendo la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; dejando de lado el factor de la temporalidad, es importante la aprobación de una Ley centrada en el usuario final quien, a pesar de no ser experto en la materia, pueda disfrutar de mejores servicios y gozar, en el día a día, de todos los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías.

Importancia y límites del Canal del Congreso

En otra oportunidad insistimos en que las discusiones y procedimientos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República deben ser abiertos y transparentes, para generar una discusión más amplia de los asuntos legislativos y que los ciudadanos cuenten con mejores argumentos para pedir cuentas a sus representantes. En nuestro país, uno de los primeros esfuerzos por avanzar en la consecución de estos objetivos fue la creación del Canal del Congreso durante la LVII  Legislatura (1997-2000). El Canal del Congreso realizó su primera transmisión el 18 marzo 1998 y posteriormente su existencia se formalizó en la nueva Ley Orgánica del Congreso que se publicó el 3 de  septiembre de 1999.  En el artículo 131 de esta ley quedó asentado que el objeto del Canal es “reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional  vinculadas con la actividad legislativa”.

 El noviembre del año pasado el Canal del Congreso celebró quince años de vida.  De acuerdo a su sitio web (http://www.canaldelcongreso.gob.mx/), comenzó a transmitir de manera regular en el 2000 a través de sistemas de televisión por cable. Posteriormente,   entre  2001 y  2003, la transmisiónde su señal se extendió a los sistemas de televisión restringida vía satélite e internet. En la actualidad se transmite por más de 700 sistemas de cable, en los canales 638 de Sky, 110 de Cablevisión, 735 de Dish, a 25 ciudades de E.U. y por celulares con tecnología 3G.  Su programación es variada e incluye las actividades legislativas en vivo y grabadas, el informativo Noticias del Congreso, programas de análisis y series sobre la vida interior de las Cámaras y aspectos relevantes de la política e historia de México. De mayo de 2012 a septiembre de 2013, las horas de transmisión del Canal del Congreso tuvieron la siguiente distribución de acuerdo al  origen del contenido presentado: 31.9% Cámara de Diputados, 35.7% Senado de la República; 24.9% producciones internas; 6.7% producciones externas y 0.7% coproducciones.

 Diversos problemas técnicos, jurídicos y presupuestales handificultado que la señal del Canal del Congreso se trasmita en televisión abierta a nivel nacional. Esta situación representa un enorme obstáculo para que el poder legislativo cumpla con su obligación de proporcionar a todos los ciudadanos herramientas de fácil acceso para conocer lo que sucede en su interior. Al tomar posesión en enero de la presidencia de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, el senador Alejandro Encinas expresó que su principal objetivo es que el Canal se vea en  televisión abierta a finales del presente año, y resaltó la importancia de otorgarle autonomía presupuestal y de gestión. Tres meses después, Encinas y los demás integrantes de la Comisión Bicamaral presentaron una inciativa ante el Senado de la República para reformar los artículos 130 y 131 de la Ley Orgánica del Congreso. La inciativa plantea convertir el Canal en un órgano desconcentrado con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, denominado Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la Unión con cobertura nacional. De esta manera, se propone una transformación jurídico-administrativa del Canal y el surgimiento de una estación de Radio que complemente su labor de difusión. También se contempla la creación de un Defensor de la Audiencia encargado promover, difundir, defender el derecho a la información, el derecho a libertad de expresión y el derecho de réplica de las audiencias del canal de televisión y de la estación de radio en todo el territorio nacional. La iniciativa se presentó el 21 de abril y su texto completo puede consultarse en:

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-211/assets/documentos/Radio_Tv_Congreso.pdf

Estas propuestas apuntan a fortalecer al Canal del Congreso antes de su salida a televisión abierta. Extender el derecho de observar en tiempo real qué hacen los legisladores o la manera enque justifican sus posiciones y decisiones, si es que lo hacen, es de vital importancia en todo momento; pero particularmente cuando las Cámaras discuten reformas legislativas con consecuencias trascendentales para todos los mexicanos, como ha sido el caso durante la LXII Legislatura. La transparencia parlamentaria también requiere que el Congreso ponga a disposición de los ciudadanos, en sus propias instalaciones o vía internet, las grabaciones de las reuniones de comisiones, sesiones plenarias, reuniones de los órganos directivos y de los grupos parlamentarios. El Canal del Congreso debe ser dotado con la infraestructura y recursos necesarios para que el acceso bajo demanda a las grabaciones de todos los procedimientos parlamentarios sea una realidad en el corto plazo.

 Las estrategias para promover la transparencia parlamentaria son diversas y la televisión es una de las más importantes. En Gobiérnate AC nos mantendremos al tanto de las acciones que el Congreso de la Unión ponga en marcha para que la transmisión de su canal en televisión abierta se concrete en las fechas señaladas. Estamos comprometidos también con el impulso de mecanismos novedosos que permitan a los ciudadanos conocer manera sencilla lo que hacen sus representantes y exigirles que rindan cuentas.