TRANSPARENCIA VS. SECRECÍA EN EL IFETEL

A propósito de las discusiones sobre publicitar o no las sesiones del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y aportar al análisis, es importante remitirnos a la obligación inscrita en la fracción VI del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la Reforma en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Dicha fracción establece:

“VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;”

Aunado a lo anterior, la recién expedida Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 47 que “las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada.”

A la luz de lo anterior, es importante mencionar que la tendencia mundial en materia de Gobiernos Abiertos y Transparencia, rasgo de la sociedades democráticas,  es que los organismos gubernamentales permitan a cualquier  persona interesada tener acceso, e incluso participar, en la deliberación de los asuntos que afectarán la vida de los ciudadanos. Ello es fundamental para los organismos que tiene autonomía de decisión,  gestión, operativa y de organización, especialmente porque son creados para dar cuentas y resultados efectivos a la sociedad, y suponen una cierta ruptura con los mecanismos tradicionales burocráticos.

En el sector de las telecomunicaciones, la tendencia internacional es abrir canales y flujos de información, porque sus servicios son insumos esenciales para la población. Además, porque las decisiones y los procesos deliberativos de los órganos reguladores, involucran bienes considerados del dominio de la nación y deben obedecer y fundarse en el interés público. No obstante, la legislación también obliga a salvaguardar los datos considerados confidenciales (financieros, económicos, estrategias de negocios, capacidad instalada, etc.), reservados (procesos deliberativos, seguridad nacional, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, etc.) y los expedientes de investigación, como pueden ser los que traten temas de competencia económica.

A nivel internacional los órganos colegiados tienen como práctica procesos deliberativos públicos, aun cuando involucran asuntos que tienen que ver con diversos agentes económicos, porque es importante conocer que sus integrantes expresen sus argumentos y difundan el nivel de debate propio de todo órgano colegiado.  Un ejemplo en materia de publicidad de las sesiones de los órganos reguladores de telecomunicaciones es la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC por sus siglas en inglés), cuyas sesiones son, por regla general, abiertas al público, y sólo en casos excepcionales pueden ser de carácter privado.

Para el caso mexicano, órganos colegiados nacionales con autonomía plena y constitucional, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han instrumentado mecanismos que permiten mantener la información reservada, sin impedir que sus sesiones sean públicas y transmitidas en vivo, a través de Internet y con la presencia de periodistas y personas interesadas. Algunos organismos realizan transmisiones simultáneas en audio y video y a través de sus páginas de Internet,  televisión y youtube.

Además, ponen a disposición del público información de interés como el orden del día de las siguientes sesiones, las resoluciones, videotecas, podcast, etc. Actualmente el IFT también publica esa información, con la salvedad de que no se puede conocer la información de inmediato, ya que tiene que pasar un tiempo para que se revise y se realice la “versión pública” de la sesión.

Las excepciones para hacer públicos los asuntos, de acuerdo con la legislación, son aquellos que tengan que ver con:

a.- Información confidencial, enmarcada en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene que ver con datos de identificación de personas físicas o que puedan otorgar una ventaja competitiva entre personas morales, tales como estados financieros, infraestructura, programas de negocios, etc.

b.- Información reservada, establecida en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene que ver con aspectos que puedan afectar la seguridad nacional y estabilidad financiera; específicamente para los temas tratados por el IFT, la información reservada versa sobre procesos deliberativos de lo que no se haya tomado una decisión definitiva, casos en que se puedan dañar las relaciones internacionales y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Estos temas pueden ser tratados en sesiones privadas o pre-Plenos. No obstante, una vez resueltos, deben ser de carácter público. Para el caso de los datos confidenciales, estos nunca pueden ser revelados, pero sí puede otorgarse una versión pública de la documentación, donde los mismos sean suprimidos.

Tanto la SCJN, el INE y el IFAI tratan temas muy específicos y hasta cierto punto sensibles, sin embargo, todos cumplen con el principio de máxima publicidad al permitir que la ciudadanía pueda conocer la discusión de los asuntos, sin que se “filtre” información confidencial o reservada. Parecería que el tema no está a discusión; sin embargo, el IFT continúa sin ver las ventajas de publicitar sus sesiones en vivo:

1.- Ofrece certeza a los concesionarios y permisionarios sobre las determinaciones y argumentos del órgano regulador sobre la normatividad y disposiciones que les son aplicables.

2.- Permite conocer el desempeño, conocimiento, inclinaciones y argumentación de cada uno de los integrantes del Pleno.

3.- Da garantías de que las sesiones del Pleno sean, en la mayoría de los casos, resolutivas.

4.- Se presenta como una institución que da la cara a la sociedad y hace patente el trabajo institucional que se realiza día a día por las áreas.

5.- Da cumplimiento amplio al principio de máxima publicidad de la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incrementa los niveles de credibilidad ciudadana.

Por lo anterior, es importante hacer la distinción de que no es lo mismo poner información a disposición del público que hacer públicas las sesiones, pues la segunda da mayor certeza y cuenta de las acciones de este sector tan especializado y hermético; desde este punto de vista, la discusión no debería ser mayor pues la respuesta parece clara: la transparencia siempre debe ganar a la secrecía.

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