Apuntes sobre la elección del 5 de junio

El lugar común de las columnas políticas sobre las elecciones del pasado 5 de junio es atribuir la “derrota” electoral de los gobernadores priístas a la corrupción en sus estados; y por supuesto, la “victoria” panista a la capitalización del voto anti-PRI-corrupción. En este ejercicio nos concentráramos en cuestionar los matices de esos resultados. No soslayamos el mensaje impulsado en las urnas, un profundo descontento con el estado general del país; no es menor que más de un millón de electores hayan decidido no ejercer su derecho a sufragar, si se compara con los procesos electorales previos; pero, es difícil establecer con parámetros mesurables el peso de la percepción sobre la corrupción y de otros factores como la desigualdad, violencia, discriminación e inseguridad sobre las preferencias de la ciudadanía. Por ello, no interpretamos las causas sino cuestionamos a los resultados electorales.

Sobre la contundencia de la derrota del PRI podemos apuntar: En términos absolutos, el PRI perdió votos en todas las elecciones a gobernador, aún en los estados donde ganó la gubernatura. Son Veracruz, Puebla y Chihuahua los casos más pronunciados. Entre estos tres estados el PRI, en comparación con la elección anterior (2010), perdió 1,264,429 votos. Entre los doce estados donde la gubernatura estuvo en juego, perdió un total de 2,090,381 votos. En términos relativos en cinco estados se ratifica una tendencia negativa del Revolucionario Institucional en las tres últimas elecciones de Gobernador. Es Sinaloa el único estado en el que se observa un crecimiento importante del porcentaje de votación obtenida por el PRI pero también es el estado que presentó el mayor índice de abstención, en comparación con la elección anterior 463,304 menos sufragaron por este partido. El análisis reitera una caída importante de electores del PRI.

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Al PAN se le atribuye ser el gran ganador. Siete gubernaturas avalan esta posición, pero tendríamos que matizar; el PAN en el conjunto de elecciones a gobernador perdió 1,356,853 votos, en relación a las elecciones de 2010. La caída en la votación menor que la PRI le valió las gubernaturas, desde la óptica del resultado. Puebla y Veracruz los estados donde a pesar de una reducción considerable de los votos, el PAN ganó la gubernatura. Estos datos atestiguan la hipótesis del voto anti-PRI pero también muestran que el descontento con los partidos políticos es generalizado. El PAN cayó en las preferencias, simplemente lo hizo menos que sus competidores en elecciones con mayores índices de abstencionismo que las anteriores, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas son la excepción. La estrategia de coaligarse con otros partidos, se presume, rindió frutos; sin embargo, en los estados donde el PAN ha recurrido a coaliciones la caída fue mayor que en el conjunto de elección, 1,502,807 votos, incluidas las victorias. En parte debido a que la estrategia de coaligarse, en algunos casos, responde al análisis de una menor solidez electoral; y al éxito electoral mayor en estados en los que compitió sin coalición, en ellos obtuvo 145,945 votos más que en el proceso electoral previo. Esto no quiere decir que coaligarse sea una mala decisión para Acción Nacional, los estados que ganó en formula con el PRD representan sólo 667,248 votos menos para los candidatos de la coalición. Tamaulipas, Quintana Roo y en menor medida Chihuahua son los estados más exitosos porcentualmente para el PAN, mientras que Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa las mayores caídas porcentuales en la preferencia electoral. En términos generales podemos afirmar que para Acción Nacional las elecciones de gobernador en los doce estados que compitieron el 5 de junio representan un éxito en el mantenimiento de su base electoral, que combinado con la caída del PRI explican las victorias. Los datos no permiten en ningún caso afirmar un crecimiento en la preferencia electoral del PAN como algunos han supuesto.

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Por otra parte, es unánime la posición que afirma que el PRD es el gran derrotado de la elección. La pérdida de 2,289,742 votos de una elección a otra para un partido con escaza presencia en los estados del norte así lo reiteran. Sin embargo, Puebla, Oaxaca e Hidalgo significan más de la mitad de la caída, 1,621,154 votos, y en estos estados las candidaturas han sido en coalición con el PAN en alguna de las elecciones. Al analizar los resultados del PRD únicamente en procesos que se presentan sin coalición sus resultados no son desfavorables, 152,113 votos extras a los procesos de 2010. Con los porcentajes de votación podemos deducir que en el caso del PRD estamos frente a un estancamiento en estados en los que no tiene presencia importante entre el electorado, y por tanto, dar por válida la posición que asume un debilitamiento de este partido como opción electoral.

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Por último, Morena es el caso de mayor complejidad en el análisis porque carece de antecedente. A pesar de lo problemático de la comparación podemos presentar a Morena como una continuidad de los proyectos de izquierda, empleando como antecedente la suma de votos de los partidos que se presentan como izquierda incluidos el PRD, de esta manera, los resultados de Morena son de un crecimiento minúsculo. En el conjunto de la elección habría obtenido 607,628 más que los partidos de izquierda en las elecciones anteriores. Puebla, Oaxaca y Veracruz los lugares de mayor crecimiento. En cambio, sí consideramos a Morena como una alternativa al PRD y se le compara con los partidos de izquierda que no se coalicionaron con el de la Revolución Democrática, su crecimiento es pronunciado, 1,350,076 votos. Los datos colocan a Morena no sólo como la tercera alternativa política del país sino como la primera de izquierda.

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En conclusión, las elecciones a gobernador en doce estados del pasado 5 de junio nos dejan como tendencias la caída del PRI, el mantenimiento del PAN como alternativa de gobierno, el estancamiento del PRD y un crecimiento incipiente de MORENA.

¿Qué es la iniciativa de Ley3de3?

En Gobiérnate, te explicamos los pormenores de la #Ley3de3, estamos a la espera de que el Senado instaure el periodo extraordinario para su dictamen.

Puedes consultar la iniciativa completa en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=ba&mn=1&sm=1

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Las candidaturas independientes, ¿una alternativa en el legislativo?

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Los candidatos independientes fueron propuestos y son defendidos como una alternativa viable al monopolio de los partidos políticos para nominar aspirantes a los cargos de elección popular, de modo que el electorado tenga más y mejores opciones para elegir. Las candidaturas independientes parten del reclamo ciudadano frontal a la “clase política” que cada vez actúa más en términos oligárquicos y facciosos que mediante lógicas democráticas. Los principales problemas que combaten son la escasa circulación y renovación de elementos del sistema político; la pobre innovación de proyectos y prácticas de gobierno; y la concentración de la agenda pública en los temas que atañen a la élite política. Con las candidaturas independientes se busca, además, ampliar los mecanismos de participación “ciudadana”, dar cabida en las instituciones del estado a posiciones minoritarias, acercar a representantes y representados, y mejorar las decisiones públicas, toda vez sean puestas en manos de ciudadanos más capaces.

El mérito de las candidaturas independientes radica en la posible apertura del sistema político más allá de la tutela de los partidos. Con los candidatos independientes se espera que las instituciones fortalezcan prácticas participativas e incluyentes. Sus principales desventajas se asocian a la debilidad de los candidatos independientes para ser infiltrados, patrocinados o conducidos por grupos de presión o del crimen organizado. Sin la organización adecuada y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas pertinentes, los candidatos independientes corren el peligro de repetir los mismos esquemas clientelares, las complicidades y vicios de los partidos políticos.

Para la elección de diputados federales en 2015 se registraron ante el Instituto Nacional Electoral 122 aspirantes de los cuales 57 fueron avalados, 5 de ellos mediante sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los aspirantes tienen un plazo del 30 de diciembre de 2014 al 27 de febrero de 2015 para recabar el número de firmas según corresponda con su distrito electoral y constituir el modelo de asociación civil que soportará sus campañas.

Los análisis sobre las candidaturas independientes se concentran en las dificultades de los requisitos para quienes aspiran a esta forma de participación, en su financiamiento y control, y en el perfil de los aspirantes. Vale la pena cuestionar si esta alternativa ciudadana funcionará fuera del momento electoral. Si será posible que los candidatos independientes que llegasen a ganar un cargo público cumplan sus promesas de campaña y con su actuar democraticen el sistema político. Ya nos han alertado sobre lo complicado que es competir contra los partidos políticos con mucho menos recursos y en el marco de las reglas que ellos mismos se han dado, sin embargo, para un legislador independiente la compleja tarea de ganar su curul sin partido político es la parte menos ardua de su tarea.

Armados únicamente con su capacidad para presentar iniciativas y en posición de minoría, los independientes deben someterse al imperio de los partidos políticos en el pleno de las cámaras. El Congreso de la Unión, tanto Diputados como Senadores, está organizado entorno a los grupos parlamentarios, esto es, sobre los partidos políticos en el parlamento. La Mesa Directiva que conduce las sesiones del pleno se elige a propuesta de los grupos parlamentarios. La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política compuesta por el líder de cada grupo parlamentario, integran la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Estos dos órganos tienen el control completo de los trabajos de la legislatura, desde el uso de la tribuna hasta la agenda legislativa. Los órganos de control de las cámaras excluyen de facto a los legisladores independientes reduciéndolos a espectadores de las sesiones.

En las comisiones legislativas su suerte no es mejor. Las comisiones reproducen la composición de la cámara, y sus miembros y órganos directivos, tanto la presidencia como las secretarias, son propuestos y elegidos por los grupos parlamentarios. Las comisiones más que espacios de deliberación, donde los independientes podrían realizar su labor, son filtros de control de los partidos políticos quienes determinan a sus integrantes y controlan sus agendas.

La centralidad de la organización de las cámaras entorno a los partidos políticos a través de los grupos parlamentarios y sus coordinadores es tal, que incluso tienen poder de decisión sobre recursos financieros y materiales del Congreso pues las Secretarias General de Servicios Parlamentarios y General de Servicios Administrativos son dirigidos por la Mesa Directiva. Los grupos parlamentarios tienen injerencia directa hasta en el servicio civil de carrera de ambas cámaras. Completamente desprovistos de facultades fuera del grupo parlamentario, los legisladores independientes carecen de poder de decisión mayor al que alguna afortunada coyuntura les dote al momento de una votación cerrada en la que su voto sea definitorio.

Las candidaturas independientes son una alternativa, sin duda, pero una muy débil y hasta estéril si no se democratizan las prácticas de gobierno y del legislativo. Los problemas de fondo del sistema político mexicano no pasan primordialmente por lo electoral sino por la opacidad del régimen. Sin procesos deliberativos, transparencia y rendición de cuentas las propuestas participativas e incluyentes pueden bien ser entrampadas por los partidos políticos. La introducción de las candidaturas en la elección del 2015 debe ser un paso inicial para abrir a los ciudadanos más que el proceso electoral al complejo entero del sistema político.

Eduardo Rodríguez Parra

Gobiérnate AC

TRANSPARENCIA VS. SECRECÍA EN EL IFETEL

A propósito de las discusiones sobre publicitar o no las sesiones del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y aportar al análisis, es importante remitirnos a la obligación inscrita en la fracción VI del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la Reforma en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Dicha fracción establece:

“VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;”

Aunado a lo anterior, la recién expedida Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 47 que “las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada.”

A la luz de lo anterior, es importante mencionar que la tendencia mundial en materia de Gobiernos Abiertos y Transparencia, rasgo de la sociedades democráticas,  es que los organismos gubernamentales permitan a cualquier  persona interesada tener acceso, e incluso participar, en la deliberación de los asuntos que afectarán la vida de los ciudadanos. Ello es fundamental para los organismos que tiene autonomía de decisión,  gestión, operativa y de organización, especialmente porque son creados para dar cuentas y resultados efectivos a la sociedad, y suponen una cierta ruptura con los mecanismos tradicionales burocráticos.

En el sector de las telecomunicaciones, la tendencia internacional es abrir canales y flujos de información, porque sus servicios son insumos esenciales para la población. Además, porque las decisiones y los procesos deliberativos de los órganos reguladores, involucran bienes considerados del dominio de la nación y deben obedecer y fundarse en el interés público. No obstante, la legislación también obliga a salvaguardar los datos considerados confidenciales (financieros, económicos, estrategias de negocios, capacidad instalada, etc.), reservados (procesos deliberativos, seguridad nacional, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, etc.) y los expedientes de investigación, como pueden ser los que traten temas de competencia económica.

A nivel internacional los órganos colegiados tienen como práctica procesos deliberativos públicos, aun cuando involucran asuntos que tienen que ver con diversos agentes económicos, porque es importante conocer que sus integrantes expresen sus argumentos y difundan el nivel de debate propio de todo órgano colegiado.  Un ejemplo en materia de publicidad de las sesiones de los órganos reguladores de telecomunicaciones es la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC por sus siglas en inglés), cuyas sesiones son, por regla general, abiertas al público, y sólo en casos excepcionales pueden ser de carácter privado.

Para el caso mexicano, órganos colegiados nacionales con autonomía plena y constitucional, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han instrumentado mecanismos que permiten mantener la información reservada, sin impedir que sus sesiones sean públicas y transmitidas en vivo, a través de Internet y con la presencia de periodistas y personas interesadas. Algunos organismos realizan transmisiones simultáneas en audio y video y a través de sus páginas de Internet,  televisión y youtube.

Además, ponen a disposición del público información de interés como el orden del día de las siguientes sesiones, las resoluciones, videotecas, podcast, etc. Actualmente el IFT también publica esa información, con la salvedad de que no se puede conocer la información de inmediato, ya que tiene que pasar un tiempo para que se revise y se realice la “versión pública” de la sesión.

Las excepciones para hacer públicos los asuntos, de acuerdo con la legislación, son aquellos que tengan que ver con:

a.- Información confidencial, enmarcada en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene que ver con datos de identificación de personas físicas o que puedan otorgar una ventaja competitiva entre personas morales, tales como estados financieros, infraestructura, programas de negocios, etc.

b.- Información reservada, establecida en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene que ver con aspectos que puedan afectar la seguridad nacional y estabilidad financiera; específicamente para los temas tratados por el IFT, la información reservada versa sobre procesos deliberativos de lo que no se haya tomado una decisión definitiva, casos en que se puedan dañar las relaciones internacionales y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Estos temas pueden ser tratados en sesiones privadas o pre-Plenos. No obstante, una vez resueltos, deben ser de carácter público. Para el caso de los datos confidenciales, estos nunca pueden ser revelados, pero sí puede otorgarse una versión pública de la documentación, donde los mismos sean suprimidos.

Tanto la SCJN, el INE y el IFAI tratan temas muy específicos y hasta cierto punto sensibles, sin embargo, todos cumplen con el principio de máxima publicidad al permitir que la ciudadanía pueda conocer la discusión de los asuntos, sin que se “filtre” información confidencial o reservada. Parecería que el tema no está a discusión; sin embargo, el IFT continúa sin ver las ventajas de publicitar sus sesiones en vivo:

1.- Ofrece certeza a los concesionarios y permisionarios sobre las determinaciones y argumentos del órgano regulador sobre la normatividad y disposiciones que les son aplicables.

2.- Permite conocer el desempeño, conocimiento, inclinaciones y argumentación de cada uno de los integrantes del Pleno.

3.- Da garantías de que las sesiones del Pleno sean, en la mayoría de los casos, resolutivas.

4.- Se presenta como una institución que da la cara a la sociedad y hace patente el trabajo institucional que se realiza día a día por las áreas.

5.- Da cumplimiento amplio al principio de máxima publicidad de la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incrementa los niveles de credibilidad ciudadana.

Por lo anterior, es importante hacer la distinción de que no es lo mismo poner información a disposición del público que hacer públicas las sesiones, pues la segunda da mayor certeza y cuenta de las acciones de este sector tan especializado y hermético; desde este punto de vista, la discusión no debería ser mayor pues la respuesta parece clara: la transparencia siempre debe ganar a la secrecía.

Los retos del Gobierno Abierto

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En años recientes ha cobrado notoriedad la propuesta de gobierno abierto como una alternativa para acercar a los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones públicas. Para esta propuesta democrática la transparencia del gobierno, en la medida que provee de información completa y oportuna al ciudadano, mejora y promueve la rendición de cuentas de los actores gubernamentales; la participación ciudadana garantiza mejores políticas públicas, más legítimas y eficaces, pues facilita la incorporación de posiciones plurales además de la responsabilidad de los actores; y la mayor colaboración entre gobierno y ciudadanía revitaliza y profundiza la democracia.

El ejemplo más visible de esta propuesta es la Alianza para el Gobierno Abierto formada en 2011 y de la que participa organizaciones y agencias gubernamentales mexicanas. La alianza se propuso como objetivos centrales la mejora de servicios públicos, el aumento de la ética de los servidores públicos, el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, la mejora de la seguridad y la rendición de cuentas en el ámbito empresarial. Mediante información abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso se plantea incrementar la transparencia; al involucrar a la ciudadanía mediante el debate público se propone abrir espacios de mayor participación; al dar cumplimiento a la normatividad, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas apoyar la responsabilidad pública; y gracias a la promoción del acceso a las tecnologías de la información aumentar la capacidad de control de los ciudadanos.

Puede verse que la idea central es dotar al ciudadano de una capacidad vigilante que controle mediante la información la acción de gobierno. La información es la clave; tanto su calidad como facilidad de acceso son condiciones necesarias. Las diversas propuestas de gobierno abierto se apoyan en las posibilidades que para sus fines plantean las tecnologías de la información, particularmente las relativas a internet como las redes sociales y distintas plataformas web, buscadores, bases de datos, etc.

Si bien el gobierno abierto es una alternativa viable para democratizar la democracia tiene todavía algunas debilidades. La más clara tiene que ver con el acceso a la tecnología. Para hacer posible esta propuesta sería necesario en primera instancia atender el problema de la brecha digital. No se trata simplemente de garantizar el acceso a internet sino de generar las capacidades de manejo, análisis y producción de información en los ciudadanos. En tal sentido su primer limitante es de naturaleza tanto material (el acceso) como de capital cultural (el empleo de las herramientas). En el fondo el gobierno abierto como práctica parece obviar la disparidad de contextos nacionales y la importancia de la pobreza, marginación y exclusión social en cada realidad. Lo que está ausente es una tematización seria sobre el principal problema de las sociedades democráticas modernas: la desigualdad.

Una segunda línea de debilidad de la propuesta es la noción de ciudadanía desde la que se plantea. La propuesta funciona con un ciudadano imaginario que permanentemente se informa e involucra en los asuntos públicos sin considerar que el ejercicio de la ciudadanía es heterogéneo. A la organización se le ve con buenos ojos, es parte de los presupuestos pero, al no considerar la desigualdad, tampoco profundiza sobre como los medios con los que cuentan las organizaciones crean ciudadanías diferenciadas, de calidades y capacidades distintas, ciudadanos de primera y de segunda, sino que hasta de tercera. Acceso a la información y rendición de cuentas se plantean como objetivos en sí mismos sin considerar su relación con el sistema electoral y de partidos, no se observa a la toma de decisiones como un proceso entre ciudadanos con intereses y medios diversos. El problema es que no basta con estar adecuadamente informados sino de contar con los canales correctos para ejercer derechos concretos, entre ellos el control sobre el gobierno, desde distintas formas de ciudadanía.

La tercera debilidad del proyecto de gobierno abierto es que despolitiza al gobierno. El acento en la información como insumo para la participación parece apuntar hacia una cierta imagen deliberativa de la toma de decisiones. Nuevamente los supuestos: mejor información garantiza mejores decisiones, mayor pluralidad de voces apunta a más inclusión y la colaboración entre gobierno y ciudadanía hace al primero más eficaz y eficiente en la atención de los asuntos públicos; pero ninguno de ellos se plantea desde la más cruda realidad: la política trata sobre el poder, de la competencia por la hegemonía. La información es una herramienta en la competencia de demandas políticas con intereses en posición antagónica. La mejor atención de los asuntos públicos es un eufemismo de la reproducción del estatus quo sino se piensa como respuesta a conflictos concretos que no tienen una respuesta técnica antes que política.

El gobierno abierto es una interesante propuesta que proporciona un conjunto de instrumentos que mejoran el ejercicio de la ciudadanía. Una herramienta importante para mejorar el acceso a la información. Habrá que complementarla con una visión más amplia de los procesos de toma de decisiones públicas entendidos como procesos políticos y recuperar el papel de la organización, de los agentes representativos, de los grupos de interés y la importancia del contexto social, el conflicto y la búsqueda de justicia para fortalecerle.

 

Eduardo Rodríguez Parra, miembro de Gobiérnate AC